¿La cooperación reforzada como anticipo de la Europa a dos velocidades?

Estos días se habla mucho sobre la posibilidad de que la Unión Europea tome un nuevo rumbo y se posicione hacia una Europa a dos o varias velocidades. Para quien no sepa a qué nos referimos con estos términos, la Europa a varias velocidades vendría a ser la posibilidad de que varios países asuman más competencias mientras que otros países no, a voluntad de cada Estado Miembro.

europa-peonza-getty

Para entender si esta nueva visión de la Unión Europea es o no es positiva, hay que hacer un muy breve repaso evolutivo de la UE sobre su proceso legislativo y toma de decisiones:

En los casi 70 años de vida de la Unión Europea ésta ha sufrido numerosos cambios lógicos en base a asumir nuevas competencias y, sobre todo, en base a la intregración de nuevos estados. La UE ha pasado de 6 países fundadores a 28 países (27 en breve con el Brexit). Si en un principio la adopción de decisiones conjuntas podía ser más o menos sencilla, parece evidente que cuantas más países, y por tanto, más opiniones y más diferencias, la adopción de decisiones se haya ido complicando con el tiempo. No es lo mismo tomar una decisión con seis voces cantantes que con 28 voces, más especialmente teniendo en cuenta la actualidad de los tiempos, en los que los estados tienden a pensar en base a un interés nacional y no comunitario o europeo.

En este sentido, la UE ya predijo que algo similar podía pasar y ya se introdujeron algunos pequeños cambios en la legislación europea. El Consejo Europeo, por ejemplo, eliminó la unanimidad para algunas de sus decisiones. Y, sobre todo, se introdujo la cooperación reforzada.

La cooperacion reforzada es un mecanismo establecido en la legislación europea (art. 20TUE) que permite a ciertos Estados Miembros avanzar en ciertos asuntos independientemente del resto de Estados Miembros de la UE. Es decir, este mecanismo permite que varios países adopten decisiones conjuntas sin necesidad de contar con el resto de Estados Miembros. A pesar de su introducción en 1997 no ha sido hasta 2010 cuando se ha empezado a materializar.

Veamos qué dice el TUE  :

Art. 20TUE

1. Los Estados miembros que deseen instaurar entre sí una cooperación reforzada en el marco de las competencias no exclusivas de la Unión podrán hacer uso de las instituciones de ésta y ejercer dichas competencias (…)

La finalidad de las cooperaciones reforzadas será impulsar los objetivos de la Unión, proteger sus intereses y reforzar su proceso de integración. (…)

2. La decisión de autorizar una cooperación reforzada será adoptada por el Consejo como último recurso, cuando haya llegado a la conclusión de que los objetivos perseguidos por dicha cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto, y a condición de que participen en ella al menos nueve Estados miembros.(..)

3. Todos los miembros del Consejo podrán participar en sus deliberaciones, pero únicamente participarán en la votación los miembros del Consejo que representen a los Estados miembros que participan en una cooperación reforzada. (…)

4. Los actos adoptados en el marco de una cooperación reforzada vincularán únicamente a los Estados miembros participantes. Dichos actos no se considerarán acervo que deban aceptar los Estados candidatos a la adhesión a la Unión.

Como vemos, por tanto, este mecanismo viene a establecer una Unión Europea dentro de la Unión Europea para los países que deseen aún más integración frente a los países que o no desean seguir avanzando o bien quieren dar marcha atrás.

En realidad, junto a este mecanismo existen otros mecanismos que permiten a algunos Estados no avanzar junto al resto de Países. Reino Unido, por ejemplo, tenía numerosos opt-outs, que son excepciones al cumplimiento de los tratados, hecho que hace aun más inquietante el brexit y que nos provoca a hacernos algunas preguntas: ¿por qué los estados más reacios a la integración europea no optan por este mecanismo y evitan así bloquear el avance del resto de Estados?

En la práctica la Europa a dos o varias velociades ya existe. Bien a través de la cooperación reforzada o bien a través de los opt-outs. La diferencia ahora es que algunos Estados Miembros se han pronunciado de manera clara a favor de este mecanismo, hecho que hace temblar el significado de unión y la tradicional toma de decisiones unitaria. A pesar de que la cooperación reforzada se estableció como un último mecanismo, como una última vía, todo parece indicar que pasará de última vía a la plena rutina diaria.

Quizás asumir que la nueva Unión Europea tendrá diferentes escalones de integración con diferentes núcleos sea díficil en el sentido que rompe con la propia esencia de la UE, pero en la práctica la esencia de esta Unión Europea lleva ya años rota: divisiones constantes en la toma decisiones e incumplimiento constante de algunos Estados.

Con esta nueva Europa a dos velocidades surgiran nuevos retos: ¿se utilizará fehacientemente el mecanismo? ¿se abusará del mecanismo para evitar ciertas votaciones que requieren unanimidad o mayoría cualificada? ¿verán el resto de Estados este mecanismo como una amenaza? ¿se crearan dos Uniones Europeas?

Con el tiempo veremos hacia donde evoluciona la Unión Europea, que para bien o para mal, tiene que evolucionar, ya que la situación actual con 28 voces e incapacidad decisoria no beneficia a nadie.

El mundo necesita una nueva Unión Europea con una sola voz, con competencias claras,  que apueste por una defensa y espacio Schengen común, que recupere su esencia solidaria y acogedora, y que se crea de una vez que para influenciar el mundo la unión política es igual o más necesaria que la unión económica. ¿Se conseguirá con esta nueva Unión Europea?

Anuncios
¿La cooperación reforzada como anticipo de la Europa a dos velocidades?

Soberanía y los 13.000 millones de Euros de Apple

160830080947-eu-apple-780x439
Foto:  http://money.cnn.com/2016/08/30/technology/apple-tax-eu-us-ireland/

La semana pasada, Tim Cook, Presidente de Apple, emitía un aberrante comunicado en el que contestaba a la sanción de la Comisión Europea por supuesta evasión de impuestos. Aquí se puede leer el comunicado entero: http://www.apple.com/ie/customer-letter/.

No recuerdo otras veces en las que una Empresa emite un comunicado acusando tan gravemente a un gobierno o institución de cacicada, que si bien no lo dice directamente, lo insinúa, además de volver a poner sobre la mesa la discusión por excelencia de estos últimos años: la soberanía estatal.

Lejos de centrarme en los motivos del comunicado y las razones de Apple, pues aquí cada uno defiende lo suyo y hasta aquí me parece justo, me voy a centrar exclusivamente en el tema de la soberanía. ¿Por qué? Porque viniendo de Apple sorprende y mucho que utilicen este concepto para salir ahora como libertadores y héroes de la defensa de la soberanía en el mundo, para disfrazándose de lepenistas.

¿Qué es la soberanía de los Estados? La soberanía de los Estados vendría a ser la facultad de los Estados para decidir, regular, establecer y opinar/hablar/acordar posturas que representen a un Estado en la comunidad internacional. La soberanía de los Estados, aunque suene irónico, también es la facultad de los Estados para ceder soberanía a otros entes y/o organizaciones  (Unión Europea, por ejemplo).

¿Son los Estados soberanos hoy en día? Relativamente, sí. La soberanía entendida como hace un siglo ya no existe: no hablamos de colonias, ni grandes invasiones ni imperios. Hablamos hoy en día de estados que colaboran voluntariamente más con otros estados. Y hablamos de estados que ceden constantemente soberanía a otras organizaciones.

Cuando los estados son miembros de la Unión Europea, de la ONU, de la OTAN, de la OCDE, del FMI, de un Tribunal Internacional, y un largo etcétera, hablamos de cesiones de soberanía de manera temporal o definitiva. Hay quien dice que la soberanía se sigue conservando si el Estado tiene la facultad de recuperar la cesión. Es posible, pero este argumento confirma que, de manera temporal o definitiva, se cede soberanía.

La cesión de soberanía no es negativa. Al contrario, los estados ceden soberanía sobre temas concretos porque consideran que colaborando con otros estados o cediendo unas competencias a instituciones más especializadas van a mejorar sus propios estados o conocimientos.

Algunos políticos dicen que los Estados ya no tienen soberanía porque el mundo lo gobiernan las grandes empresas.  Y he aquí la gran incoherencia de todo el proceso: mientras Le Pen reclama la retirada de Francia de la Unión Europea para recuperar soberanía y luchar contra las grandes empresas que gobiernan (argumento de la oligarquía), según ella, Francia, Apple critica exactamente lo mismo: critica la sanción de la Comisión Europea por considerarse un ataque a la soberanía irlandesa.

Es decir: al final resulta que es la Unión Europea quien más está haciendo por defender la soberanía nacional al dictaminar de manera clara que los Estados tienen facultad para establecer sus propios impuestos, que no pueden ser discriminatorios respecto a otras empresas y personas, y que las empresas, por tanto, independientemente de su beneficio y poder económico global, tienen que someterse a las mismas reglas y a las reglas dictaminadas por los Estados. ¿Por qué Apple tenía un sistema fiscal ventajoso y otras empresas no? Misterio, pero viendo las amenazas que Apple ha lanzado tras la sanción como la posibilidad de reducir empleo o inversiones en Europa, parece que Apple está amenazando claramente a la soberanía estatal y de las instituciones europeas al insinuar que o siguen sus directrices o se acaba Apple en Europa.

Apple respeta tanto la soberanía de los Estados y de su madre patria que tiene unos 214.000 millones de dólares de un total de 230.000 fuera de Estados Unidos, porque a Tim Cook no le parece justo el impuesto de sociedades existente en USA. ¿Es esto justo? ¿Esta evasión de impuestos y amenaza en toda regla no es un ataque a la soberanía de los Estados Unidos?

Sorprende, además, que siendo Apple una de las mayores empresas del mundo, que utiliza ingeniería fsical allí donde trabaja, no conozca la relación entre los diferentes ordenamientos jurídicos y la facultad de estos en relacionarse entre sí. Puede que Irlanda tenga competencias para establecer sus propios impuestos, pero estas competencias se verán limitadas si Irlanda tienen otros compromisos internacionales y ha cedido soberanía, como ha sido en el presente caso. El ordenamiento jurídico irlandés, a priori, tiene que convivir con el ordenamiento europeo e internacional, pero probablemente se relacione aún con muchos más: convenios, acuerdos, etc.

Si tenemos en cuenta que Apple utiliza los diferentes ordenamientos jurídicos existentes en el mundo para beneficiarse a sí misma, y cuando se le sanciona amenaza a los Estados, ¿Es Apple un estado soberano? Respuesta obvia, cualquiera diría que no, pero…y ¿si el Estado amenazado cede a las pretensiones de Apple? Resulta que Irlanda se ha puesto al lado de la gran empresa.

Probablemente Irlanda seguirá siendo un Estado soberano a su manera y bajo la definición actual, pero utilizar el argumento de la soberanía para defender los intereses propios en la actualidad, en un mundo sumamente cambiante y que necesita cada vez más la estrecha colaboración entre los diferentes países,  y más viniendo de una gran empresa como Apple….es un sinsentido.

El argumento de la Comisión Europea es más sencillo que todo esto: no se puede discriminar. Si Irlanda quiere ofrecer ventajas fiscales a las empresas…lo puede hacer. Pero a todas, no sólo a Apple. Si lo haces, estás claramente afectando a la libre competencia existente en territorio europeo.

Soberanía y los 13.000 millones de Euros de Apple

Legislación europea vs. legislación nacional: un problema de fondo

El pasado año 2015, la Comisión Europea se comprometió a acoger a 170.000 refugiados pero, debido a la negativa de algunos Estados Miembros así como la lentitud en la respuesta de las instituciones europeas, el conjunto de los 28 estados de la Unión Europea a duras penas han acogido hoy en día, un año después del inicio de la crisis humanitaria, a 1000 personas refugiadas.

Lejos de entrar a debatir sobre la cantidad numérica o la necesidad o no de acoger a personas refugiadas, lo importante de este debate es destacar cómo desde el inicio de la crisis los gobiernos nacionales, pero también las otras administraciones pero muy especialmente los medios de comunicación y las entidades y asociaciones han acusado de manera insistente a la Unión Europea como causante de la falta de respuesta a esta crisis.

Sin embargo, ¿Qué tiene de cierto esta afirmación de culpabilizar a la UE? En realidad, volvemos a estar ante una nacionalización de los éxitos europeos y a una europeización de los fracasos nacionales.

No estamos aún ante esa Unión Europea de un solo gobierno de los 28. No estamos aún ante esa UE con un sistema claro de Gobierno-Parlamento-Senado. Si no que estamos ante una UE cuyo rumbo aún depende en gran medida de la decisión de los Estados, lo que comporta que, cuanto más grande es el club, más intereses hay y más dificultad hay para encontrar soluciones comunes. Con este fin, ya el Tratado de Lisboa introdujo el fin, para contadas ocasiones, de la unanimidad (o de lo que es lo mismo, del veto de los estados), pero aún así seguimos viendo que parte de la ineficacia de las instituciones europeas se debe, por tanto, a la falta de poder de decisión propio que mire únicamente por el interés comunitario general.

No estamos ante una novedad. La realidad es que gran parte de la normativa nacional de los estados europeos proviene de manera directa o indirecta de la Unión Europea. Sin embargo, en gran parte de las veces no somos conscientes. 

No somos conscientes porque no se nos explica así, pero también por la gran complejidad que supone explicar el complicado entramado legal e institucional de la Unión Europea. Esta dificultad implica, por ejemplo, que se culpe de manera constante a la UE de todos los defectos de Europa, cuando en grandes ocasiones muchas de las decisiones se toman en el Consejo Europeo, pero no en el Parlamento Europeo, cuando el Parlamento Europeo también forma parte de esta Unión Europea.

Leyes tan comunes para los mortales europeos como nuestras leyes de privacidad y protección de datos; de caducidad de los productos; de contaminación de los vehículos; de la inspección técnica de los vehículos;  de la eliminación del roaming; y un largo etcétera, son todas leyes que tienen su origen en actos legislativos europeos.

La tendencia centralizadora actual de los Estados Miembros, que miran por sus propios intereses pero no por los intereses generales y comunitarios, junto a las continuas crisis europeas que se acumulan ya desde hace años, hacen más que necesario que nunca una transformación a fondo de la actual Unión Europea.

La Unión Europea es la base de mucho de lo disfrutamos en la actualidad. El impacto de esta organización internacional especial sobre la vida de todos los europeos es enorme, no solo en el ámbito económico y empresarial, sino también en el ámbito cultural y en el ámbito de las libertades y derechos humanos.

A cada crisis europea y mundial, nos volvemos a dar cuenta que cuando los Estados miran por su propia cuenta y no lo hacen de manera conjunta con los países vecinos, no llegan a ningún sitio. Los problemas que hoy en día tenemos, y los que tendremos, solo podrán resolverse si los países europeos actuamos de manera conjunta.

 

Legislación europea vs. legislación nacional: un problema de fondo

Día Europeo de la privacidad

El pasado 28 de enero se celebró en toda la Unión Europea el Día Europeo de la privacidad. Como bien dice la Agencia Española de Protección de Datos, con este día europeo se pretende concienciar a la ciudadanía de sus derechos así como de promover el conocimiento general de las políticas de protección de datos existentes.

Este año, además, se ha querido concienciar especialmente sobre el internet de las cosas y el big data. Y es que estos nuevos conceptos, que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas, van a convertirse en elementos centrales (o deberían) de la política de protección de datos de los ciudadanos europeos.  Se trata de conceptos interrelacionados entre sí, presentes en nuestra vida cotidiana y que plantean importantes retos de privacidad.

Es posible que no nos demos cuenta pero constantemente utilizamos aplicaciones, programas, objetos, coches, e incluso electrodomésticos que transmiten datos, e incluso compramos relojes y pulseras que transmiten datos sanitarios a aplicaciones online. ¿Hemos dado consentimiento? ¿Sabemos cómo se protegen estos datos? ¿Sabemos quien es el responsable de estos datos? ¿Nos leemos la política de privacidad? Para la mayoría de los mortales todo esto es desconocido, especialmente los requisitos que las leyes de privacidad europea imponen.

Es cierto que un dato por sí mismo puede no revelar información sobre el perfil de una persona determinada. Sin embargo, la acumulación de estos datos o bien la mezcla con otros datos, sensibles o no, podrían perfectamente identificar a una persona o bien señalar un patrón de comportamiento determinado. 

El futuro aun depara más incógnitas. ¿Qué pasará con las Google Glasses? Si aplicáramos la ley actual, en principio nadie tendría que grabarnos al menos que tuvieran nuestro consentimiento expreso y, en según qué condiciones, habría que señalizar la presencia de cámaras. ¿Van a llevar las Google Glasses un cartel informando de nuestros derechos? ¿Nos van a pedir consentimiento para grabarnos? ¿Llevarán las Google Glasses un cartel informando de medios de grabación?

Sin suda, el futuro aun será más incierto de lo que ya es en la actualidad, pues todo un mundo aun está por descubrir. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona el mundo tecnológico, como evoluciona el futuro Reglamento UE de protección de datos y el futuro TTIP. Y lo más importante, habrá que esperar para ver cuánta de nuestra privacidad estamos dispuestos los ciudadanos a ceder para disfrutar de cierta tecnología.

Día Europeo de la privacidad

¡No es el derecho europeo, es el derecho español! Comentario a la decisión del Tribunal Supremo de 13 de enero del 2015 sobre la acumulación de penas de reos en prisiones europeas.

El pasado martes el Tribunal Supremo decidió con nueve votos a favor (de 15) desestimar el recurso de Kepa Pikabea, y así cambiar su criterio y adoptar la posición por la que los presos en España no pueden descontarse de sus penas, los años de condena ya cumplidos en otros países de la Unión Europea. En realidad, esta afirmación que hemos escuchado y leído hasta la saciedad recientemente en numerosos medios españoles, no es del todo cierta.

La Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo de 24 de julio del 2008 lo que pretende en realidad es aproximar las diferentes legislaciones penales de los diferentes Estados Miembros de la Unión Europea, creando una especie de registro de historiales penales, permitiendo a los Tribunales de los diferentes Estados UE acceder a los antecedentes de los ciudadanos y poder así contemplar todo el historial de un reo de cualquier país europeo para dictaminar nueva penas.

En la práctica, según nuestro Código Penal, los tribunales nacionales ya tienen la obligación de contemplar todo el historial penal de un reo para poder dictar una nueva sentencia y dictaminar la nueva pena y, en su caso, permitir la acumulación o la refundición de penas. Sin embargo, hasta ahora solo se tenía en cuenta el historial penal español.

La normativa europea viene a permitir que los tribunales nacionales también tengan que examinar el historial penal del reo de otros Estados Miembros de la UE, para los mismos efectos que la normativa española.

Así, por ejemplo, alguien condenado en España a 2 años de prisión con la pena de prisión suspendida por el juez, entrará a prisión si vuelve a cometer un delito, ya que nuestro código penal sólo permite suspender la pena privativa de libertad si no hay antecedentes. O bien, un reo podría obtener la libertad condicional antes de lo previsto si examinamos todo el historial penal, es decir, si este ya hubiera sido condenado otras veces.

Pues bien, lo que la normativa europea viene hacer es que los tribunales nacionales ahora también tienen que examinar el historial del reo en otros países UE. Por tanto, el historial penal ya no solo se limita al ámbito territorial donde se comete el delito, sino a todo el territorio UE. Algo que tiene todo el sentido del mundo si lo que se pretende es crear un verdadero espacio europeo de justicia y libertad.

El resultado final de esta Decisión puede provocar que algunos reos vean reducida su pena de prisión. No obstante, esta reducción en la pena de prisión no es una consecuencia directa de la normativa europea (ya que esta no dice en ningún momento que deban restarse penas), sino una consecuencia directa de la aplicación del código penal. Así, por ejemplo, si el máximo penal para terroristas en España es de 40 años, la pena puede verse reducida si se tienen en cuenta otras penas ya cumplidas en otros países.

Consecuentemente, la decisión del Tribunal Supremo, no solo contradice sus propias decisiones anteriores, sino que vulnera uno de los principios más básicos y elementales de nuestro ordenamiento jurídico: la primacía del derecho UE sobre el derecho nacional.

A la decisión del TS cabe añadir una problemática más: el retraso consciente del Gobierno español en la transposición de la Decisión al ordenamiento jurídico español. Si esta Decisión se aprobó en 2008 y entró en vigor en 2010, la Ley Nacional fue aprobada el pasado verano. Es decir, unos 6 años después de su aprobación por las Instituciones Europeas. Todo parece indicar que tanto la decisión del TS como el retraso consciente del Gobierno, por tanto, han sido el resultado de decisiones políticas, más que judiciales.

En mi opinión, el Tribunal Supremo ha acordado tal decisión a sabiendas de su ilegalidad y a sabiendas de la más que previsible anulación de su nueva doctrina por el TEDH (tal y como pasó con la doctrina Parot). Sin embargo, teniendo en cuenta que para llegar a una sentencia del TEDH primero hay que agotar los tribunales nacionales y pasar por el Tribunal Constitucional, la sentencia que revoque esta decisión puede tardar años en llegar, y aunque el daño causado luego pueda compensarse económicamente, tanto el TS como el Gobierno ya habrán cumplido su objetivo: que los presos de ETA pasen el tiempo máximo posible en prisión, a pesar de una más que posible vulneración de la normativa UE.

Sin duda, esta problemática jurídica y contradicción del propio TS no se habría dado si no existiera ETA.

¡No es el derecho europeo, es el derecho español! Comentario a la decisión del Tribunal Supremo de 13 de enero del 2015 sobre la acumulación de penas de reos en prisiones europeas.

Comentario a la Sentencia del TJUE 2/12/14 sobre asilo y homosexualidad

En la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, casos C‑148/13 a C‑150/13 de 2 de diciembre del 2014, Europa ha vuelto a posicionarse a la vanguardia del mundo en la protección de los Derechos Humanos, y muy especialmente en lo que respecta a la protección del colectivo LGTB.

Dicha afirmación se deduce del fallo de la anterior sentencia, en la que el Tribunal hace principalmente tres afirmaciones:

1) La homosexualidad es motivo suficiente para solicitar asilo y para que sea concedido (en realidad ésta afirmación ya se había dado en otra sentencia anterior), y

2) La alegación de homosexualidad para la concesión del estatuto de refugiado en la UE no da capacidad al Estado Miembro dónde se solicita el asilo a ‘probar’ la orientación sexual alegada, si para probarlo se vulneran los Derechos Fundamentales reconocidos en la Carta Europea (que, por cierto, aunque rara vez se hable de la Carta y se reivindique en los Tribunales, esta tiene carácter vinculante y es de aplicación directa). Se prohiben explícitamente los medios de prueba consistentes en demostrar prácticas sexuales ya sea mediante vídeo y/o interrogatorio.

3) No declararse homosexual desde el primer momento no es motivo suficiente para denegar el asilo, ya que, según el Tribunal, se trata de información privada y sensible.

Para quien no conozca el procedimiento de asilo, probablemente le sorprenderá la manía probatoria de las autoridades estatales para conceder asilo (puede tener sentido si lo que se pretende es que la protección se otorgue a quien realmente lo requiere), pero aún le sorprenderá más (y se preguntará) cómo es posible que hasta la sentencia se haya estado pidiendo a los solicitantes de asilo que demostraran su homosexualidad. La inquietud radica, sobre todo, en que cuesta encontrar un método efectivo y capaz para demostrar la homosexualidad alegada y, a la vez, que no vulnere los derechos fundamentales del solicitante. Estamos, de nuevo, ante una colisión de derechos a nivel europeo

Es posible que alguien se cuestione que el simple hecho de alegar y tener que demostrar tal homosexualidad pueda ser discriminatorio, pero no debemos olvidar que en el mundo generalmente lo que se persigue es la homosexualidad y no la heterosexualidad, de ahí a que pueda ser razonable alegar tal condición sexual como motivo de asilo.

La resolución del Tribunal, por tanto, viene a realizar una ponderación de derechos y a establecer unos límites en las facultades de las autoridades estatales para probar el motivo de homosexualidad que alegue un solicitante de asilo.

Cabe decir que, aunque se establecen límites específicos relativos a las prácticas sexuales, el Tribunal viene a decir que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE es un límite general a las actuaciones de las autoridades nacionales. Algo lógico si se tiene en cuenta que los derechos que regula la Carta son equiparables a los derechos fundamentales regulados en las constituciones nacionales.

Sin embargo, ¿Cuales son los límites? A pesar de que pueda parece que establecer la Carta como límite general es suficiente para proteger a los solicitantes de asilo, la realidad es algo diferente pues no estamos hablando de pruebas tasadas ni solicitantes uniformes, sino de múltiples sujetos con diferentes vidas y multitud de variantes que variarán obviamente caso a caso. Deberá examinarse, por tanto, cada caso de manera individual y hacer una ponderación preventiva entre ‘el medio de prueba’ y los derechos fundamentales del solicitante de asilo. 

En definitiva, a partir de la Sentencia del TJUE las autoridades estatales de cualquier Estado de la UE tendrán que tener en cuenta (resulta raro que hasta entonces no se haya valorado) la Carta de los Derechos Fundamentales y eliminar cuantos medios de prueba puedan vulnerar los derechos fundamentales del solicitante de asilo, especialmente aquellos relativos a la dignidad e intimidad de las personas.

Es, sin duda, otro gran paso para la protección de los DDHH en Europa, ejemplarizante a nivel mundial, y proteccionista con el colectivo LGTB. No debemos olvidar que, además, en breves meses el TJUE dictaminará sobre las prohibiciones que algunos Estados practican sobre el colectivo LGTB y la donación de sangre y que probablemente eliminará, por fin, estas prácticas discriminatorias.

Comentario a la Sentencia del TJUE 2/12/14 sobre asilo y homosexualidad