Derecho al olvido: un gran logro europeo pero con incógnitas

Con la sentencia del caso Google, en la Unión Europea se puso en práctica un nuevo derecho llamado derecho al olvido. A mi parecer, un gran logro europeo pues hasta entonces, los grandes buscadores indexaban e indexaban todo tipo de información personal de ciudadanos europeos sin tener en cuenta otros factores. ¿Qué sentido tenía encontrar información desactualizada de hace años de personas cuya información podría perjudicar su imagen presente? Es cierto que la libertad de información y libertad de empresa deben prevalecer en ciertos momentos, especialmente si se trata de personas públicas, pero  también es cierto que en la mayoría de casos los buscadores indexan información de todas las personas y e información de todo tipo. A veces, incluso, información desconocida para la mayoría de personas. Y, aún en personas públicas, tenemos que creernos que todo ciudadano debería tener que poder tener el control de su vida y de lo que se dice sobre ella, especialmente si no es cierto o es perjudicial.

 

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Fuente: https://www.muycomputer.com/2015/07/14/google-peticiones-de-derecho-al-olvido/

La sentencia Google establece una serie de criterios para que el ciudadano pueda ejercer su derecho al olvido, entre ellos: que la información esté desfasada, sea perjudicial o sea falsa o, que la información, por ejemplo, no se refiera a un personaje público o no tenga un interés público. Sin embargo, estos criterios no dejan de ser discrecionales para quien tiene que encargarse de eliminar esta información: los propios buscadores.

Probablemente, para un buscador, que vive de indexar información, enlaces y todo tipo de elementos, el interés público prevalezca en la mayoría de ocasiones. Incluso aunque la información esté desfasada. Lo que implicará para el que ejerce su derecho al olvido, tener que recurrir a instancias superiores; en el caso español, a la Agencia Española de Protección de Datos. Seamos sinceros: la gran mayoría de la gente no sabe, no conoce o simplemente no querrá rellenar el formulario que Google permite para ejercer este derecho, pero aún menos sabrá o querrá recurrir a instancias superiores. El exceso de criterios discrecionales y el hecho que sean los buscadores que indexan la información los que tienen que decidir sobre su desindexación provoca que en primera instancia los buscadores rechacen la mayoría de peticiones.

Otros problemas que pueden presentarse podrían deberse a la indexación de contenido falso o que tiende a la mentira de algún cargo o figura pública. ¿Qué pasa cuando un periódico o web crea una noticia falsa de alguna figura pública? Para Google, esta “noticia” podría tener relevancia pública al tratarse de un cargo público, pero ¿y si la noticia es falsa? ¿o si está manipulada? ¿Y si la noticia hace referencia a un tuit o comentario en algún periódico ya borrado por el usuario? En este caso, Google podría legalmente justificar la no desindexación del contenido por la relevancia pública de la información, especialmente si se trata de una información manipulada, que no falsa, y el usuario tendría que recurrir a instancias superiores necesariamente. Rara vez el buscador investigará en la fuente de la noticia para determinar o no la veracidad de la noticia indexada.

Los criterios a cumplir son tan amplios y tan discrecionales que, a mi parecer, es necesario algún tipo de normativa que pueda disminuir aún más estos criterios y garantizar algún tipo de automatización para ciertos casos, como podría ser, por ejemplo, que la información estuviera muy desfasada. Esta nueva normativa debería complementarse con otra normativa relacionada con nuestro legado digital.

La Agencia Española de Protección de Datos resume en su web a la perfección como ejercer el derecho al olvido y recoge sus resoluciones, tanto las estimatorias como las desestimatorias.

En definitiva, el derecho al olvido es un gran logro para los ciudadanos europeos pero debe complementarse con legislación que fortalezca este derecho y no lo deje al amparo solo de los tribunales de justicia. No olvidemos que la función de legislar es de los parlamentos y no de los tribunales.

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Derecho al olvido: un gran logro europeo pero con incógnitas

¡No es el derecho europeo, es el derecho español! Comentario a la decisión del Tribunal Supremo de 13 de enero del 2015 sobre la acumulación de penas de reos en prisiones europeas.

El pasado martes el Tribunal Supremo decidió con nueve votos a favor (de 15) desestimar el recurso de Kepa Pikabea, y así cambiar su criterio y adoptar la posición por la que los presos en España no pueden descontarse de sus penas, los años de condena ya cumplidos en otros países de la Unión Europea. En realidad, esta afirmación que hemos escuchado y leído hasta la saciedad recientemente en numerosos medios españoles, no es del todo cierta.

La Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo de 24 de julio del 2008 lo que pretende en realidad es aproximar las diferentes legislaciones penales de los diferentes Estados Miembros de la Unión Europea, creando una especie de registro de historiales penales, permitiendo a los Tribunales de los diferentes Estados UE acceder a los antecedentes de los ciudadanos y poder así contemplar todo el historial de un reo de cualquier país europeo para dictaminar nueva penas.

En la práctica, según nuestro Código Penal, los tribunales nacionales ya tienen la obligación de contemplar todo el historial penal de un reo para poder dictar una nueva sentencia y dictaminar la nueva pena y, en su caso, permitir la acumulación o la refundición de penas. Sin embargo, hasta ahora solo se tenía en cuenta el historial penal español.

La normativa europea viene a permitir que los tribunales nacionales también tengan que examinar el historial penal del reo de otros Estados Miembros de la UE, para los mismos efectos que la normativa española.

Así, por ejemplo, alguien condenado en España a 2 años de prisión con la pena de prisión suspendida por el juez, entrará a prisión si vuelve a cometer un delito, ya que nuestro código penal sólo permite suspender la pena privativa de libertad si no hay antecedentes. O bien, un reo podría obtener la libertad condicional antes de lo previsto si examinamos todo el historial penal, es decir, si este ya hubiera sido condenado otras veces.

Pues bien, lo que la normativa europea viene hacer es que los tribunales nacionales ahora también tienen que examinar el historial del reo en otros países UE. Por tanto, el historial penal ya no solo se limita al ámbito territorial donde se comete el delito, sino a todo el territorio UE. Algo que tiene todo el sentido del mundo si lo que se pretende es crear un verdadero espacio europeo de justicia y libertad.

El resultado final de esta Decisión puede provocar que algunos reos vean reducida su pena de prisión. No obstante, esta reducción en la pena de prisión no es una consecuencia directa de la normativa europea (ya que esta no dice en ningún momento que deban restarse penas), sino una consecuencia directa de la aplicación del código penal. Así, por ejemplo, si el máximo penal para terroristas en España es de 40 años, la pena puede verse reducida si se tienen en cuenta otras penas ya cumplidas en otros países.

Consecuentemente, la decisión del Tribunal Supremo, no solo contradice sus propias decisiones anteriores, sino que vulnera uno de los principios más básicos y elementales de nuestro ordenamiento jurídico: la primacía del derecho UE sobre el derecho nacional.

A la decisión del TS cabe añadir una problemática más: el retraso consciente del Gobierno español en la transposición de la Decisión al ordenamiento jurídico español. Si esta Decisión se aprobó en 2008 y entró en vigor en 2010, la Ley Nacional fue aprobada el pasado verano. Es decir, unos 6 años después de su aprobación por las Instituciones Europeas. Todo parece indicar que tanto la decisión del TS como el retraso consciente del Gobierno, por tanto, han sido el resultado de decisiones políticas, más que judiciales.

En mi opinión, el Tribunal Supremo ha acordado tal decisión a sabiendas de su ilegalidad y a sabiendas de la más que previsible anulación de su nueva doctrina por el TEDH (tal y como pasó con la doctrina Parot). Sin embargo, teniendo en cuenta que para llegar a una sentencia del TEDH primero hay que agotar los tribunales nacionales y pasar por el Tribunal Constitucional, la sentencia que revoque esta decisión puede tardar años en llegar, y aunque el daño causado luego pueda compensarse económicamente, tanto el TS como el Gobierno ya habrán cumplido su objetivo: que los presos de ETA pasen el tiempo máximo posible en prisión, a pesar de una más que posible vulneración de la normativa UE.

Sin duda, esta problemática jurídica y contradicción del propio TS no se habría dado si no existiera ETA.

¡No es el derecho europeo, es el derecho español! Comentario a la decisión del Tribunal Supremo de 13 de enero del 2015 sobre la acumulación de penas de reos en prisiones europeas.

Comentario a la Sentencia del TJUE 2/12/14 sobre asilo y homosexualidad

En la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, casos C‑148/13 a C‑150/13 de 2 de diciembre del 2014, Europa ha vuelto a posicionarse a la vanguardia del mundo en la protección de los Derechos Humanos, y muy especialmente en lo que respecta a la protección del colectivo LGTB.

Dicha afirmación se deduce del fallo de la anterior sentencia, en la que el Tribunal hace principalmente tres afirmaciones:

1) La homosexualidad es motivo suficiente para solicitar asilo y para que sea concedido (en realidad ésta afirmación ya se había dado en otra sentencia anterior), y

2) La alegación de homosexualidad para la concesión del estatuto de refugiado en la UE no da capacidad al Estado Miembro dónde se solicita el asilo a ‘probar’ la orientación sexual alegada, si para probarlo se vulneran los Derechos Fundamentales reconocidos en la Carta Europea (que, por cierto, aunque rara vez se hable de la Carta y se reivindique en los Tribunales, esta tiene carácter vinculante y es de aplicación directa). Se prohiben explícitamente los medios de prueba consistentes en demostrar prácticas sexuales ya sea mediante vídeo y/o interrogatorio.

3) No declararse homosexual desde el primer momento no es motivo suficiente para denegar el asilo, ya que, según el Tribunal, se trata de información privada y sensible.

Para quien no conozca el procedimiento de asilo, probablemente le sorprenderá la manía probatoria de las autoridades estatales para conceder asilo (puede tener sentido si lo que se pretende es que la protección se otorgue a quien realmente lo requiere), pero aún le sorprenderá más (y se preguntará) cómo es posible que hasta la sentencia se haya estado pidiendo a los solicitantes de asilo que demostraran su homosexualidad. La inquietud radica, sobre todo, en que cuesta encontrar un método efectivo y capaz para demostrar la homosexualidad alegada y, a la vez, que no vulnere los derechos fundamentales del solicitante. Estamos, de nuevo, ante una colisión de derechos a nivel europeo

Es posible que alguien se cuestione que el simple hecho de alegar y tener que demostrar tal homosexualidad pueda ser discriminatorio, pero no debemos olvidar que en el mundo generalmente lo que se persigue es la homosexualidad y no la heterosexualidad, de ahí a que pueda ser razonable alegar tal condición sexual como motivo de asilo.

La resolución del Tribunal, por tanto, viene a realizar una ponderación de derechos y a establecer unos límites en las facultades de las autoridades estatales para probar el motivo de homosexualidad que alegue un solicitante de asilo.

Cabe decir que, aunque se establecen límites específicos relativos a las prácticas sexuales, el Tribunal viene a decir que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE es un límite general a las actuaciones de las autoridades nacionales. Algo lógico si se tiene en cuenta que los derechos que regula la Carta son equiparables a los derechos fundamentales regulados en las constituciones nacionales.

Sin embargo, ¿Cuales son los límites? A pesar de que pueda parece que establecer la Carta como límite general es suficiente para proteger a los solicitantes de asilo, la realidad es algo diferente pues no estamos hablando de pruebas tasadas ni solicitantes uniformes, sino de múltiples sujetos con diferentes vidas y multitud de variantes que variarán obviamente caso a caso. Deberá examinarse, por tanto, cada caso de manera individual y hacer una ponderación preventiva entre ‘el medio de prueba’ y los derechos fundamentales del solicitante de asilo. 

En definitiva, a partir de la Sentencia del TJUE las autoridades estatales de cualquier Estado de la UE tendrán que tener en cuenta (resulta raro que hasta entonces no se haya valorado) la Carta de los Derechos Fundamentales y eliminar cuantos medios de prueba puedan vulnerar los derechos fundamentales del solicitante de asilo, especialmente aquellos relativos a la dignidad e intimidad de las personas.

Es, sin duda, otro gran paso para la protección de los DDHH en Europa, ejemplarizante a nivel mundial, y proteccionista con el colectivo LGTB. No debemos olvidar que, además, en breves meses el TJUE dictaminará sobre las prohibiciones que algunos Estados practican sobre el colectivo LGTB y la donación de sangre y que probablemente eliminará, por fin, estas prácticas discriminatorias.

Comentario a la Sentencia del TJUE 2/12/14 sobre asilo y homosexualidad