Derecho al olvido: un gran logro europeo pero con incógnitas

Con la sentencia del caso Google, en la Unión Europea se puso en práctica un nuevo derecho llamado derecho al olvido. A mi parecer, un gran logro europeo pues hasta entonces, los grandes buscadores indexaban e indexaban todo tipo de información personal de ciudadanos europeos sin tener en cuenta otros factores. ¿Qué sentido tenía encontrar información desactualizada de hace años de personas cuya información podría perjudicar su imagen presente? Es cierto que la libertad de información y libertad de empresa deben prevalecer en ciertos momentos, especialmente si se trata de personas públicas, pero  también es cierto que en la mayoría de casos los buscadores indexan información de todas las personas y e información de todo tipo. A veces, incluso, información desconocida para la mayoría de personas. Y, aún en personas públicas, tenemos que creernos que todo ciudadano debería tener que poder tener el control de su vida y de lo que se dice sobre ella, especialmente si no es cierto o es perjudicial.

 

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Fuente: https://www.muycomputer.com/2015/07/14/google-peticiones-de-derecho-al-olvido/

La sentencia Google establece una serie de criterios para que el ciudadano pueda ejercer su derecho al olvido, entre ellos: que la información esté desfasada, sea perjudicial o sea falsa o, que la información, por ejemplo, no se refiera a un personaje público o no tenga un interés público. Sin embargo, estos criterios no dejan de ser discrecionales para quien tiene que encargarse de eliminar esta información: los propios buscadores.

Probablemente, para un buscador, que vive de indexar información, enlaces y todo tipo de elementos, el interés público prevalezca en la mayoría de ocasiones. Incluso aunque la información esté desfasada. Lo que implicará para el que ejerce su derecho al olvido, tener que recurrir a instancias superiores; en el caso español, a la Agencia Española de Protección de Datos. Seamos sinceros: la gran mayoría de la gente no sabe, no conoce o simplemente no querrá rellenar el formulario que Google permite para ejercer este derecho, pero aún menos sabrá o querrá recurrir a instancias superiores. El exceso de criterios discrecionales y el hecho que sean los buscadores que indexan la información los que tienen que decidir sobre su desindexación provoca que en primera instancia los buscadores rechacen la mayoría de peticiones.

Otros problemas que pueden presentarse podrían deberse a la indexación de contenido falso o que tiende a la mentira de algún cargo o figura pública. ¿Qué pasa cuando un periódico o web crea una noticia falsa de alguna figura pública? Para Google, esta “noticia” podría tener relevancia pública al tratarse de un cargo público, pero ¿y si la noticia es falsa? ¿o si está manipulada? ¿Y si la noticia hace referencia a un tuit o comentario en algún periódico ya borrado por el usuario? En este caso, Google podría legalmente justificar la no desindexación del contenido por la relevancia pública de la información, especialmente si se trata de una información manipulada, que no falsa, y el usuario tendría que recurrir a instancias superiores necesariamente. Rara vez el buscador investigará en la fuente de la noticia para determinar o no la veracidad de la noticia indexada.

Los criterios a cumplir son tan amplios y tan discrecionales que, a mi parecer, es necesario algún tipo de normativa que pueda disminuir aún más estos criterios y garantizar algún tipo de automatización para ciertos casos, como podría ser, por ejemplo, que la información estuviera muy desfasada. Esta nueva normativa debería complementarse con otra normativa relacionada con nuestro legado digital.

La Agencia Española de Protección de Datos resume en su web a la perfección como ejercer el derecho al olvido y recoge sus resoluciones, tanto las estimatorias como las desestimatorias.

En definitiva, el derecho al olvido es un gran logro para los ciudadanos europeos pero debe complementarse con legislación que fortalezca este derecho y no lo deje al amparo solo de los tribunales de justicia. No olvidemos que la función de legislar es de los parlamentos y no de los tribunales.

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Derecho al olvido: un gran logro europeo pero con incógnitas

Legislación europea vs. legislación nacional: un problema de fondo

El pasado año 2015, la Comisión Europea se comprometió a acoger a 170.000 refugiados pero, debido a la negativa de algunos Estados Miembros así como la lentitud en la respuesta de las instituciones europeas, el conjunto de los 28 estados de la Unión Europea a duras penas han acogido hoy en día, un año después del inicio de la crisis humanitaria, a 1000 personas refugiadas.

Lejos de entrar a debatir sobre la cantidad numérica o la necesidad o no de acoger a personas refugiadas, lo importante de este debate es destacar cómo desde el inicio de la crisis los gobiernos nacionales, pero también las otras administraciones pero muy especialmente los medios de comunicación y las entidades y asociaciones han acusado de manera insistente a la Unión Europea como causante de la falta de respuesta a esta crisis.

Sin embargo, ¿Qué tiene de cierto esta afirmación de culpabilizar a la UE? En realidad, volvemos a estar ante una nacionalización de los éxitos europeos y a una europeización de los fracasos nacionales.

No estamos aún ante esa Unión Europea de un solo gobierno de los 28. No estamos aún ante esa UE con un sistema claro de Gobierno-Parlamento-Senado. Si no que estamos ante una UE cuyo rumbo aún depende en gran medida de la decisión de los Estados, lo que comporta que, cuanto más grande es el club, más intereses hay y más dificultad hay para encontrar soluciones comunes. Con este fin, ya el Tratado de Lisboa introdujo el fin, para contadas ocasiones, de la unanimidad (o de lo que es lo mismo, del veto de los estados), pero aún así seguimos viendo que parte de la ineficacia de las instituciones europeas se debe, por tanto, a la falta de poder de decisión propio que mire únicamente por el interés comunitario general.

No estamos ante una novedad. La realidad es que gran parte de la normativa nacional de los estados europeos proviene de manera directa o indirecta de la Unión Europea. Sin embargo, en gran parte de las veces no somos conscientes. 

No somos conscientes porque no se nos explica así, pero también por la gran complejidad que supone explicar el complicado entramado legal e institucional de la Unión Europea. Esta dificultad implica, por ejemplo, que se culpe de manera constante a la UE de todos los defectos de Europa, cuando en grandes ocasiones muchas de las decisiones se toman en el Consejo Europeo, pero no en el Parlamento Europeo, cuando el Parlamento Europeo también forma parte de esta Unión Europea.

Leyes tan comunes para los mortales europeos como nuestras leyes de privacidad y protección de datos; de caducidad de los productos; de contaminación de los vehículos; de la inspección técnica de los vehículos;  de la eliminación del roaming; y un largo etcétera, son todas leyes que tienen su origen en actos legislativos europeos.

La tendencia centralizadora actual de los Estados Miembros, que miran por sus propios intereses pero no por los intereses generales y comunitarios, junto a las continuas crisis europeas que se acumulan ya desde hace años, hacen más que necesario que nunca una transformación a fondo de la actual Unión Europea.

La Unión Europea es la base de mucho de lo disfrutamos en la actualidad. El impacto de esta organización internacional especial sobre la vida de todos los europeos es enorme, no solo en el ámbito económico y empresarial, sino también en el ámbito cultural y en el ámbito de las libertades y derechos humanos.

A cada crisis europea y mundial, nos volvemos a dar cuenta que cuando los Estados miran por su propia cuenta y no lo hacen de manera conjunta con los países vecinos, no llegan a ningún sitio. Los problemas que hoy en día tenemos, y los que tendremos, solo podrán resolverse si los países europeos actuamos de manera conjunta.

 

Legislación europea vs. legislación nacional: un problema de fondo

¡No es el derecho europeo, es el derecho español! Comentario a la decisión del Tribunal Supremo de 13 de enero del 2015 sobre la acumulación de penas de reos en prisiones europeas.

El pasado martes el Tribunal Supremo decidió con nueve votos a favor (de 15) desestimar el recurso de Kepa Pikabea, y así cambiar su criterio y adoptar la posición por la que los presos en España no pueden descontarse de sus penas, los años de condena ya cumplidos en otros países de la Unión Europea. En realidad, esta afirmación que hemos escuchado y leído hasta la saciedad recientemente en numerosos medios españoles, no es del todo cierta.

La Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo de 24 de julio del 2008 lo que pretende en realidad es aproximar las diferentes legislaciones penales de los diferentes Estados Miembros de la Unión Europea, creando una especie de registro de historiales penales, permitiendo a los Tribunales de los diferentes Estados UE acceder a los antecedentes de los ciudadanos y poder así contemplar todo el historial de un reo de cualquier país europeo para dictaminar nueva penas.

En la práctica, según nuestro Código Penal, los tribunales nacionales ya tienen la obligación de contemplar todo el historial penal de un reo para poder dictar una nueva sentencia y dictaminar la nueva pena y, en su caso, permitir la acumulación o la refundición de penas. Sin embargo, hasta ahora solo se tenía en cuenta el historial penal español.

La normativa europea viene a permitir que los tribunales nacionales también tengan que examinar el historial penal del reo de otros Estados Miembros de la UE, para los mismos efectos que la normativa española.

Así, por ejemplo, alguien condenado en España a 2 años de prisión con la pena de prisión suspendida por el juez, entrará a prisión si vuelve a cometer un delito, ya que nuestro código penal sólo permite suspender la pena privativa de libertad si no hay antecedentes. O bien, un reo podría obtener la libertad condicional antes de lo previsto si examinamos todo el historial penal, es decir, si este ya hubiera sido condenado otras veces.

Pues bien, lo que la normativa europea viene hacer es que los tribunales nacionales ahora también tienen que examinar el historial del reo en otros países UE. Por tanto, el historial penal ya no solo se limita al ámbito territorial donde se comete el delito, sino a todo el territorio UE. Algo que tiene todo el sentido del mundo si lo que se pretende es crear un verdadero espacio europeo de justicia y libertad.

El resultado final de esta Decisión puede provocar que algunos reos vean reducida su pena de prisión. No obstante, esta reducción en la pena de prisión no es una consecuencia directa de la normativa europea (ya que esta no dice en ningún momento que deban restarse penas), sino una consecuencia directa de la aplicación del código penal. Así, por ejemplo, si el máximo penal para terroristas en España es de 40 años, la pena puede verse reducida si se tienen en cuenta otras penas ya cumplidas en otros países.

Consecuentemente, la decisión del Tribunal Supremo, no solo contradice sus propias decisiones anteriores, sino que vulnera uno de los principios más básicos y elementales de nuestro ordenamiento jurídico: la primacía del derecho UE sobre el derecho nacional.

A la decisión del TS cabe añadir una problemática más: el retraso consciente del Gobierno español en la transposición de la Decisión al ordenamiento jurídico español. Si esta Decisión se aprobó en 2008 y entró en vigor en 2010, la Ley Nacional fue aprobada el pasado verano. Es decir, unos 6 años después de su aprobación por las Instituciones Europeas. Todo parece indicar que tanto la decisión del TS como el retraso consciente del Gobierno, por tanto, han sido el resultado de decisiones políticas, más que judiciales.

En mi opinión, el Tribunal Supremo ha acordado tal decisión a sabiendas de su ilegalidad y a sabiendas de la más que previsible anulación de su nueva doctrina por el TEDH (tal y como pasó con la doctrina Parot). Sin embargo, teniendo en cuenta que para llegar a una sentencia del TEDH primero hay que agotar los tribunales nacionales y pasar por el Tribunal Constitucional, la sentencia que revoque esta decisión puede tardar años en llegar, y aunque el daño causado luego pueda compensarse económicamente, tanto el TS como el Gobierno ya habrán cumplido su objetivo: que los presos de ETA pasen el tiempo máximo posible en prisión, a pesar de una más que posible vulneración de la normativa UE.

Sin duda, esta problemática jurídica y contradicción del propio TS no se habría dado si no existiera ETA.

¡No es el derecho europeo, es el derecho español! Comentario a la decisión del Tribunal Supremo de 13 de enero del 2015 sobre la acumulación de penas de reos en prisiones europeas.