Día Europeo de la privacidad

El pasado 28 de enero se celebró en toda la Unión Europea el Día Europeo de la privacidad. Como bien dice la Agencia Española de Protección de Datos, con este día europeo se pretende concienciar a la ciudadanía de sus derechos así como de promover el conocimiento general de las políticas de protección de datos existentes.

Este año, además, se ha querido concienciar especialmente sobre el internet de las cosas y el big data. Y es que estos nuevos conceptos, que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas, van a convertirse en elementos centrales (o deberían) de la política de protección de datos de los ciudadanos europeos.  Se trata de conceptos interrelacionados entre sí, presentes en nuestra vida cotidiana y que plantean importantes retos de privacidad.

Es posible que no nos demos cuenta pero constantemente utilizamos aplicaciones, programas, objetos, coches, e incluso electrodomésticos que transmiten datos, e incluso compramos relojes y pulseras que transmiten datos sanitarios a aplicaciones online. ¿Hemos dado consentimiento? ¿Sabemos cómo se protegen estos datos? ¿Sabemos quien es el responsable de estos datos? ¿Nos leemos la política de privacidad? Para la mayoría de los mortales todo esto es desconocido, especialmente los requisitos que las leyes de privacidad europea imponen.

Es cierto que un dato por sí mismo puede no revelar información sobre el perfil de una persona determinada. Sin embargo, la acumulación de estos datos o bien la mezcla con otros datos, sensibles o no, podrían perfectamente identificar a una persona o bien señalar un patrón de comportamiento determinado. 

El futuro aun depara más incógnitas. ¿Qué pasará con las Google Glasses? Si aplicáramos la ley actual, en principio nadie tendría que grabarnos al menos que tuvieran nuestro consentimiento expreso y, en según qué condiciones, habría que señalizar la presencia de cámaras. ¿Van a llevar las Google Glasses un cartel informando de nuestros derechos? ¿Nos van a pedir consentimiento para grabarnos? ¿Llevarán las Google Glasses un cartel informando de medios de grabación?

Sin suda, el futuro aun será más incierto de lo que ya es en la actualidad, pues todo un mundo aun está por descubrir. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona el mundo tecnológico, como evoluciona el futuro Reglamento UE de protección de datos y el futuro TTIP. Y lo más importante, habrá que esperar para ver cuánta de nuestra privacidad estamos dispuestos los ciudadanos a ceder para disfrutar de cierta tecnología.

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Día Europeo de la privacidad

¡No es el derecho europeo, es el derecho español! Comentario a la decisión del Tribunal Supremo de 13 de enero del 2015 sobre la acumulación de penas de reos en prisiones europeas.

El pasado martes el Tribunal Supremo decidió con nueve votos a favor (de 15) desestimar el recurso de Kepa Pikabea, y así cambiar su criterio y adoptar la posición por la que los presos en España no pueden descontarse de sus penas, los años de condena ya cumplidos en otros países de la Unión Europea. En realidad, esta afirmación que hemos escuchado y leído hasta la saciedad recientemente en numerosos medios españoles, no es del todo cierta.

La Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo de 24 de julio del 2008 lo que pretende en realidad es aproximar las diferentes legislaciones penales de los diferentes Estados Miembros de la Unión Europea, creando una especie de registro de historiales penales, permitiendo a los Tribunales de los diferentes Estados UE acceder a los antecedentes de los ciudadanos y poder así contemplar todo el historial de un reo de cualquier país europeo para dictaminar nueva penas.

En la práctica, según nuestro Código Penal, los tribunales nacionales ya tienen la obligación de contemplar todo el historial penal de un reo para poder dictar una nueva sentencia y dictaminar la nueva pena y, en su caso, permitir la acumulación o la refundición de penas. Sin embargo, hasta ahora solo se tenía en cuenta el historial penal español.

La normativa europea viene a permitir que los tribunales nacionales también tengan que examinar el historial penal del reo de otros Estados Miembros de la UE, para los mismos efectos que la normativa española.

Así, por ejemplo, alguien condenado en España a 2 años de prisión con la pena de prisión suspendida por el juez, entrará a prisión si vuelve a cometer un delito, ya que nuestro código penal sólo permite suspender la pena privativa de libertad si no hay antecedentes. O bien, un reo podría obtener la libertad condicional antes de lo previsto si examinamos todo el historial penal, es decir, si este ya hubiera sido condenado otras veces.

Pues bien, lo que la normativa europea viene hacer es que los tribunales nacionales ahora también tienen que examinar el historial del reo en otros países UE. Por tanto, el historial penal ya no solo se limita al ámbito territorial donde se comete el delito, sino a todo el territorio UE. Algo que tiene todo el sentido del mundo si lo que se pretende es crear un verdadero espacio europeo de justicia y libertad.

El resultado final de esta Decisión puede provocar que algunos reos vean reducida su pena de prisión. No obstante, esta reducción en la pena de prisión no es una consecuencia directa de la normativa europea (ya que esta no dice en ningún momento que deban restarse penas), sino una consecuencia directa de la aplicación del código penal. Así, por ejemplo, si el máximo penal para terroristas en España es de 40 años, la pena puede verse reducida si se tienen en cuenta otras penas ya cumplidas en otros países.

Consecuentemente, la decisión del Tribunal Supremo, no solo contradice sus propias decisiones anteriores, sino que vulnera uno de los principios más básicos y elementales de nuestro ordenamiento jurídico: la primacía del derecho UE sobre el derecho nacional.

A la decisión del TS cabe añadir una problemática más: el retraso consciente del Gobierno español en la transposición de la Decisión al ordenamiento jurídico español. Si esta Decisión se aprobó en 2008 y entró en vigor en 2010, la Ley Nacional fue aprobada el pasado verano. Es decir, unos 6 años después de su aprobación por las Instituciones Europeas. Todo parece indicar que tanto la decisión del TS como el retraso consciente del Gobierno, por tanto, han sido el resultado de decisiones políticas, más que judiciales.

En mi opinión, el Tribunal Supremo ha acordado tal decisión a sabiendas de su ilegalidad y a sabiendas de la más que previsible anulación de su nueva doctrina por el TEDH (tal y como pasó con la doctrina Parot). Sin embargo, teniendo en cuenta que para llegar a una sentencia del TEDH primero hay que agotar los tribunales nacionales y pasar por el Tribunal Constitucional, la sentencia que revoque esta decisión puede tardar años en llegar, y aunque el daño causado luego pueda compensarse económicamente, tanto el TS como el Gobierno ya habrán cumplido su objetivo: que los presos de ETA pasen el tiempo máximo posible en prisión, a pesar de una más que posible vulneración de la normativa UE.

Sin duda, esta problemática jurídica y contradicción del propio TS no se habría dado si no existiera ETA.

¡No es el derecho europeo, es el derecho español! Comentario a la decisión del Tribunal Supremo de 13 de enero del 2015 sobre la acumulación de penas de reos en prisiones europeas.

La importancia del Compliance y la Prevención de Riesgos Corporativa

Cada día es más importante disponer de especialistas que se encarguen de que las empresas cumplan con la legalidad vigente y minimicen riesgos con el fin de evitar ser sancionados y/o fracasar como empresa. Sin embargo, cuando se piensa en abogados, jueces, fiscales y en general, cualquier figura relacionada con el derecho, normalmente se piensa en ellos como profesionales que resuelven problemas ya existentes, y rara vez, como profesionales encargados de evitar y/o prevenir éstos problemas.

Así, es muy probable que el público no haya oído hablar de estas dos figuras:el Departamento de Compliance y el Departamento de Riesgos Corporativo. Y es que, a pesar de la importancia que tienen estas dos figuras, son prácticamente desconocidas para la mayoría de empresas, especialmente para pequeñas y medianas que, de hecho, son el tipo de empresas mayoritarias en nuestra sociedad.

  • El Compliance o cumplimiento normativo, es el departamento de la empresa que ‘legaliza’ internamente las actuaciones de nuestro negocio. Si bien es cierto que puede guardar cierta similitud con un departamento legal, debemos tener en cuenta que el compliance verifica y comprueba que las actuaciones exclusivamente internas de la empresa cumplen con la Ley. El objetivo, por tanto, es claro: evitar ser sancionados y ser imputados por delitos.
  • El Departamento de Prevención de Riesgos Corporativo, por su parte, pretende reducir al mínimo el nivel de riesgo al que se somete una empresa por el simple hecho de existir. Si bien, es cierto, que este departamento puede guardar mucha relación con el de compliance(pueden estar perfectamente interrelacionados y/o fusionados), la Prevención de Riesgos Corporativa también tendría que tener como objetivo lograr la más eficiente organización empresarial posible y, a la vez, hacer una previsión de los riesgos a los que se enfrenta la empresa en su actividad.

Por tanto, mientras el compliance ‘cumple con la Ley’, la prevención de riesgos intentar evitar el incumplimiento y otros riesgos a través de la observancia de todas las posibilidades de fracaso en una empresa. Esto implica que en función del valor esencial de la empresa, este departamento podrá estar situado en uno u otro segmento. Así, por ejemplo, si una empresa importante de vehículos tiene como valor diferencial la calidad de sus piezas, el departamento de riesgos podrá estar situado junto al departamento de calidad y/o marketing, mientras que en otra empresa el departamento de riesgos podrá estar situado en la parte final del proceso, como podría ser junto al departamento encargado de formalizar contratos, pagos y venta entre la empresa y el cliente.

La interrelación entre la prevención de riesgos corporativa y el compliance es inevitable, ya que uno de los riesgos a los que nos veremos sometidos será la del incumplimiento normativo. Pero es que además, el departamento de prevención de riesgos no solo valora el riesgo legal, sino que pretende minimizar el riesgo en todas las actuaciones de la empresa, desde que se piensa en una idea, pasando por su desarrollo, hasta su puesta a disposición en una tienda.

El riesgo existe en todas partes, y la previsión y la planificación en caso de problemas es esencial para resolverlo correctamente, minimizar el daño y no perjudicar ni la imagen ni las cuentas de nuestra empresa, por muy pequeña que pueda ser.

Este tipo de departamentos, quizás con nombres diferentes, suelen ser bastante comunes en las grandes empresas, ya sea mediante departamentos establecidos en la organización interna de la empresa, como a través de una externalización de servicios. Sin embargo, no encontramos la misma situación en las empresas mayoritarias de nuestro entorno: las pequeñas y medianas empresas.

Si ambas figuras son tan importantes, ¿por qué son ampliamente desconocidas para este tipo de empresas?

Hay quien dice que se basa en dos aspectos básicos:

  • Por un lado, el desconocimiento de la Ley, ya que generalmente no acudimos a un abogado hasta que no se tiene un problema llamando a la puerta y no nos preocupamos de las leyes hasta que hay reclamaciones. Y, por otro lado, por un tema cultural, que tiene mucho que ver con una costumbre de dejarlo todo para última hora.
  • Es posible que el problema también pueda ser de índole económica¿qué empresa pequeña estaría dispuesta a incorporar un departamento solo para efectos preventivos? Aquellos que puedan pensar que invertir en probabilidades es malgastar, deben tener en cuenta, por ejemplo, que no respetar la Ley Orgánica de Protección de Datos puede suponernos multas de hasta 600.000€ ¿Qué negocio quiere asumir semejante sanción? Probablemente ninguno. Ello sirve como indicador para ver que el éxito de nuestro negocio dependerá precisamente de cumplir la Ley y de minimizar riesgos y que, a la larga una inversión preventiva nos será tremendamente más económica que una acumulación de sanciones.
La importancia del Compliance y la Prevención de Riesgos Corporativa

Comentario a la Sentencia del TJUE 2/12/14 sobre asilo y homosexualidad

En la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, casos C‑148/13 a C‑150/13 de 2 de diciembre del 2014, Europa ha vuelto a posicionarse a la vanguardia del mundo en la protección de los Derechos Humanos, y muy especialmente en lo que respecta a la protección del colectivo LGTB.

Dicha afirmación se deduce del fallo de la anterior sentencia, en la que el Tribunal hace principalmente tres afirmaciones:

1) La homosexualidad es motivo suficiente para solicitar asilo y para que sea concedido (en realidad ésta afirmación ya se había dado en otra sentencia anterior), y

2) La alegación de homosexualidad para la concesión del estatuto de refugiado en la UE no da capacidad al Estado Miembro dónde se solicita el asilo a ‘probar’ la orientación sexual alegada, si para probarlo se vulneran los Derechos Fundamentales reconocidos en la Carta Europea (que, por cierto, aunque rara vez se hable de la Carta y se reivindique en los Tribunales, esta tiene carácter vinculante y es de aplicación directa). Se prohiben explícitamente los medios de prueba consistentes en demostrar prácticas sexuales ya sea mediante vídeo y/o interrogatorio.

3) No declararse homosexual desde el primer momento no es motivo suficiente para denegar el asilo, ya que, según el Tribunal, se trata de información privada y sensible.

Para quien no conozca el procedimiento de asilo, probablemente le sorprenderá la manía probatoria de las autoridades estatales para conceder asilo (puede tener sentido si lo que se pretende es que la protección se otorgue a quien realmente lo requiere), pero aún le sorprenderá más (y se preguntará) cómo es posible que hasta la sentencia se haya estado pidiendo a los solicitantes de asilo que demostraran su homosexualidad. La inquietud radica, sobre todo, en que cuesta encontrar un método efectivo y capaz para demostrar la homosexualidad alegada y, a la vez, que no vulnere los derechos fundamentales del solicitante. Estamos, de nuevo, ante una colisión de derechos a nivel europeo

Es posible que alguien se cuestione que el simple hecho de alegar y tener que demostrar tal homosexualidad pueda ser discriminatorio, pero no debemos olvidar que en el mundo generalmente lo que se persigue es la homosexualidad y no la heterosexualidad, de ahí a que pueda ser razonable alegar tal condición sexual como motivo de asilo.

La resolución del Tribunal, por tanto, viene a realizar una ponderación de derechos y a establecer unos límites en las facultades de las autoridades estatales para probar el motivo de homosexualidad que alegue un solicitante de asilo.

Cabe decir que, aunque se establecen límites específicos relativos a las prácticas sexuales, el Tribunal viene a decir que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE es un límite general a las actuaciones de las autoridades nacionales. Algo lógico si se tiene en cuenta que los derechos que regula la Carta son equiparables a los derechos fundamentales regulados en las constituciones nacionales.

Sin embargo, ¿Cuales son los límites? A pesar de que pueda parece que establecer la Carta como límite general es suficiente para proteger a los solicitantes de asilo, la realidad es algo diferente pues no estamos hablando de pruebas tasadas ni solicitantes uniformes, sino de múltiples sujetos con diferentes vidas y multitud de variantes que variarán obviamente caso a caso. Deberá examinarse, por tanto, cada caso de manera individual y hacer una ponderación preventiva entre ‘el medio de prueba’ y los derechos fundamentales del solicitante de asilo. 

En definitiva, a partir de la Sentencia del TJUE las autoridades estatales de cualquier Estado de la UE tendrán que tener en cuenta (resulta raro que hasta entonces no se haya valorado) la Carta de los Derechos Fundamentales y eliminar cuantos medios de prueba puedan vulnerar los derechos fundamentales del solicitante de asilo, especialmente aquellos relativos a la dignidad e intimidad de las personas.

Es, sin duda, otro gran paso para la protección de los DDHH en Europa, ejemplarizante a nivel mundial, y proteccionista con el colectivo LGTB. No debemos olvidar que, además, en breves meses el TJUE dictaminará sobre las prohibiciones que algunos Estados practican sobre el colectivo LGTB y la donación de sangre y que probablemente eliminará, por fin, estas prácticas discriminatorias.

Comentario a la Sentencia del TJUE 2/12/14 sobre asilo y homosexualidad

De estreno

Hola a todos y todas,

Tras una largo camino en Territorio Europa, finalmente he decido estrenar este blog. A diferencia de Territorio Europa, el presente blog pretende especializarse en la rama más jurídica del derecho europeo y del derecho de las nuevas tecnologías, ramas del derecho que me apasionan y de las que he podido ir formándome estos últimos años.

A pesar de que va a ser algo más técnico, espero que os siga siendo de utilidad y podáis apreciar  la importancia del derecho europeo en nuestras vidas diarias, y el gran futuro que le espera a los nuevos abogados TIC.

De estreno