¡No es el derecho europeo, es el derecho español! Comentario a la decisión del Tribunal Supremo de 13 de enero del 2015 sobre la acumulación de penas de reos en prisiones europeas.

El pasado martes el Tribunal Supremo decidió con nueve votos a favor (de 15) desestimar el recurso de Kepa Pikabea, y así cambiar su criterio y adoptar la posición por la que los presos en España no pueden descontarse de sus penas, los años de condena ya cumplidos en otros países de la Unión Europea. En realidad, esta afirmación que hemos escuchado y leído hasta la saciedad recientemente en numerosos medios españoles, no es del todo cierta.

La Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo de 24 de julio del 2008 lo que pretende en realidad es aproximar las diferentes legislaciones penales de los diferentes Estados Miembros de la Unión Europea, creando una especie de registro de historiales penales, permitiendo a los Tribunales de los diferentes Estados UE acceder a los antecedentes de los ciudadanos y poder así contemplar todo el historial de un reo de cualquier país europeo para dictaminar nueva penas.

En la práctica, según nuestro Código Penal, los tribunales nacionales ya tienen la obligación de contemplar todo el historial penal de un reo para poder dictar una nueva sentencia y dictaminar la nueva pena y, en su caso, permitir la acumulación o la refundición de penas. Sin embargo, hasta ahora solo se tenía en cuenta el historial penal español.

La normativa europea viene a permitir que los tribunales nacionales también tengan que examinar el historial penal del reo de otros Estados Miembros de la UE, para los mismos efectos que la normativa española.

Así, por ejemplo, alguien condenado en España a 2 años de prisión con la pena de prisión suspendida por el juez, entrará a prisión si vuelve a cometer un delito, ya que nuestro código penal sólo permite suspender la pena privativa de libertad si no hay antecedentes. O bien, un reo podría obtener la libertad condicional antes de lo previsto si examinamos todo el historial penal, es decir, si este ya hubiera sido condenado otras veces.

Pues bien, lo que la normativa europea viene hacer es que los tribunales nacionales ahora también tienen que examinar el historial del reo en otros países UE. Por tanto, el historial penal ya no solo se limita al ámbito territorial donde se comete el delito, sino a todo el territorio UE. Algo que tiene todo el sentido del mundo si lo que se pretende es crear un verdadero espacio europeo de justicia y libertad.

El resultado final de esta Decisión puede provocar que algunos reos vean reducida su pena de prisión. No obstante, esta reducción en la pena de prisión no es una consecuencia directa de la normativa europea (ya que esta no dice en ningún momento que deban restarse penas), sino una consecuencia directa de la aplicación del código penal. Así, por ejemplo, si el máximo penal para terroristas en España es de 40 años, la pena puede verse reducida si se tienen en cuenta otras penas ya cumplidas en otros países.

Consecuentemente, la decisión del Tribunal Supremo, no solo contradice sus propias decisiones anteriores, sino que vulnera uno de los principios más básicos y elementales de nuestro ordenamiento jurídico: la primacía del derecho UE sobre el derecho nacional.

A la decisión del TS cabe añadir una problemática más: el retraso consciente del Gobierno español en la transposición de la Decisión al ordenamiento jurídico español. Si esta Decisión se aprobó en 2008 y entró en vigor en 2010, la Ley Nacional fue aprobada el pasado verano. Es decir, unos 6 años después de su aprobación por las Instituciones Europeas. Todo parece indicar que tanto la decisión del TS como el retraso consciente del Gobierno, por tanto, han sido el resultado de decisiones políticas, más que judiciales.

En mi opinión, el Tribunal Supremo ha acordado tal decisión a sabiendas de su ilegalidad y a sabiendas de la más que previsible anulación de su nueva doctrina por el TEDH (tal y como pasó con la doctrina Parot). Sin embargo, teniendo en cuenta que para llegar a una sentencia del TEDH primero hay que agotar los tribunales nacionales y pasar por el Tribunal Constitucional, la sentencia que revoque esta decisión puede tardar años en llegar, y aunque el daño causado luego pueda compensarse económicamente, tanto el TS como el Gobierno ya habrán cumplido su objetivo: que los presos de ETA pasen el tiempo máximo posible en prisión, a pesar de una más que posible vulneración de la normativa UE.

Sin duda, esta problemática jurídica y contradicción del propio TS no se habría dado si no existiera ETA.

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